La iniciativa supone una continuación de las ya aprobadas en materia de prevención y lucha contra actividades ilegales en terreno financiero y monetario emprendidas por el papa anterior, Benedicto XVI, el 30 de diciembre de 2010.
A través un motu proprio, se establece que las leyes que se aplican al Estado Vaticano se extienden a sus ministerios, organismos e instituciones que dependen de la Santa Sede, así como a organizaciones no lucrativas de la Iglesia.
Entre las medidas aprobadas se refuerza el papel de la Agencia de Información Financiera (AIF), que se convierte también en un organismo de "evaluación y aprobación" de actividades que impliquen movimientos financieros.
Con esa medida se responde al pedido hecho por Moneyval, el órgano del Consejo Europeo para la lucha contra el lavado de dinero, indicó en un comunicado del Vaticano.
Moneyval reconoció que la Santa Sede ha recorrido un "largo camino en muy poco tiempo" en el combate contra el blanqueo de capitales.
"Deseo renovar el compromiso de la Santa Sede en adoptar los principios y ejecutar los instrumentos jurídicos desarrollados por la comunidad internacional, adecuando aún más el orden institucional con el fin de la prevención y la lucha contra el blanqueo, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva", escribió el pontífice argentino en el documento.
Con el documento papal se crea también un "comité de seguridad financiera" con el objetivo de coordinar las actividades de la Santa Sede en materia de prevención y lucha contra el reciclaje de dinero sucio, añade la nota.
Formarán parte de ese comité, entre otros, el subsecretario para las Relaciones con los Estados, Antoine Camilleri; el secretario de la Prefectura para los Asuntos Económicos de la Santa Sede, el español Lucio Ángel Vallejo Balda (miembro de la comisión para la reforma de la administración económica), así como el director de la AIF, René Bruelhart.
Según sus estatutos, este comité puede exigir información a los entes y organismos dependientes de la Santa Sede y el Vaticano, identificar medidas necesarias para la gestión y la contención de los riesgos de blanqueo de capitales, financiación de terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, así como regular la actualización de éstas.
El motu propio, emitido en agosto, demuestra los esfuerzos del papa Francisco por limpiar las finanzas del Vaticano, cuyo banco ha estado involucrado durante años en operaciones oscuras de blanqueo de dinero y corrupción.
"Se trata de un instrumento que ofrece la garantía de que se seguirá el camino iniciado. En el mundo actual se trata de resistir frente a formas cada vez más sofisticadas de criminalidad financiera. Tenemos que hacer frente a los desafíos para la protección de la legalidad, no quedarnos atrás", explicó el portavoz del Vaticano, el padre Federico Lombardi.
"La promoción del desarrollo humano integral sobre el plano material y moral requiere de una profunda reflexión sobre la vocación de los sectores económicos y financieros y sobre su correspondencia como fin último de la realización del bien común", afirmó el Papa.
El pasado 11 de julio, Francisco aprobó una reforma del código penal del Vaticano que refuerza las sanciones contra la corrupción y el lavado de dinero, según los parámetros internacionales.
Las nuevas normas, que entrarán en vigor el 1 de septiembre, se aplican a todos los miembros de la Curia, así como a todo el personal diplomático y a todos los empleados de organismos y de instituciones vinculadas con la Santa Sede.
Antes de aplicar la reforma prevista para el Banco Vaticano, el Papa nombró una comisión de investigación para examinar el caso.
Francisco, elegido papa en marzo, designó en abril a un grupo de ocho cardenales para que lo aconsejen y estudien un proyecto de reforma de la Curia Romana, el gobierno central, y en junio ordenó una comisión de investigación para renovar el controvertido banco del Vaticano.
Fuente: (http://mexico.cnn.com)
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