La decisión fue tomada por el juez de feria Víctor Rougés y alcanzó a los uniformados cesanteados Diego Herrera, Miguel Ángel Toledo, Ángel Chaile, Pablo Pérez; y a los suboficiales Sergio Hogas, Federico Castro, Eugenio Mamaní y Flavia María Belén Bedmar.
A mediados de diciembre, los fiscales de Instrucción Adriana Gianonni y Washington Navarro Dávila habían solicitado la prisión preventiva para los ocho integrantes de la Policía de Tucumán y habían asegurado que la provincia se encontraba "ante la comisión de un delito que afectó el poder público y el orden constitucional".
"Nos encontramos ante la comisión de un delito que afectó el poder público y el orden constitucional, atacando los imputados -y el grupo de personas que comandaban- un sistema republicano de gobierno que se vio avasallado y coartado en su decisión desde el momento en que se rubricó el acuerdo que pondría fin a uno de los sucesos más trágicos y tristes que le tocó vivir a la provincia de Tucumán en sus últimos años de historia", habían manifestado los integrantes del Ministerio Público Fiscal.
Fotos, filmaciones, testimonios y actas demostrarían lo que los investigadores consideran que se trató de un supuesto "alzamiento en armas contra el poder público provincial", publicó la prensa local.
Tras el dictado de Rougés, los siete hombres fueron trasladados a la unidad 6 del penal de Villa Urquiza; mientras que la mujer quedó alojada en la Escuela de Policía de la capital tucumana.
Además de la investigación de la protesta policial, el juez de feria tendrá que resolver la situación procesal de los casi 100 detenidos acusados de haber saqueado comercios durante diciembre
último, hechos en los cuales perdieron la vida seis personas.
Fuente: ( http://www.diariouno.com.ar)
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