Antes de tomarse el avión que lo llevó a Roma, el juez Sebastián Casanello ordenó una batería de medidas de prueba en la causa que investiga si Lázaro Báez evadió impuestos mediante facturas truchas. Es un expediente clave, porque se trata del delito precedente para probar el lavado de dinero.
Casanello pidió un total de 33 medidas. Según la resolución, a la que accedió Clarín, es un primer paso para poder resolver la situación procesal del ex titular de la DGI Ruben Toninelli, que en su indagatoria admitió haber viajado en el avión de Báez, y del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray. Ambos están acusados de encubrir al empresario socio de los Kirchner. La maniobra se habría concretado, entre otras acciones, mediante el cierre de la regional de la AFIP en Bahia Blanca, donde tramitaban las fiscalizaciones.
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El juez le pidió a las actuales autoridades de la AFIP un informe detallado de todas las fiscalizaciones que se llevaron a cabo en esa regional, cerrada en 2012, y en la de Mar del Plata, con relación a Calvento SA, Grupo Penta SA y Constructora Patagónica SA. La respuesta debe incluir quiénes fueron los funcionarios que iniciaron y terminaron cada fiscalización.
Casanello también quiere saber si luego de las fiscalizaciones, la regional de Bahía Blanca envió un alerta a la Dirección Regional Microcentro, donde se deberían haber analizado las operaciones de las tres empresas con Austral Construcciones, el beneficiario final.
Echegaray y Toninelli ya declararon en esta causa como imputados y negaron haber participado en una maniobra de encubrimiento. El ex titular de la DGI fue muy claro sobre el cierre de la regional: “No tuve nada que ver con eso y fui uno de los primeros sorprendidos”.
Para el ex titular de la AFIP, los tribunales de Comodoro Py ya son más que una piedra en el zapato. El procesamiento que recibió del juez Claudio Bonadio fue el puntapié para salir eyectado de la AGN. Por ahora lo reemplaza el influyente Javier Fernández, que supo ser un aliado durante el kirchnerismo. Mientras tanto, avanza la causa de Casanello. En ese expediente, Echegaray tiene que demostrar que no dio la orden de proteger a Báez. No es una tarea sencilla.
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Antes de resolver, el juez quiere escuchar a los funcionarios involucrados en las fiscalizaciones. En su resolución, le pidió a la AFIP que identifique a los empleados involucrados para que declaren como testigos a partir de la semana próxima.
FUENTE: (http://www.clarin.com/)
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